Empleados del SAV dedican su jornada laboral a limpiar fachadas privadas.

Empleados de la empresa de la limpieza fueron vistos esta semana trabajando sobre una fachada de titularidad privada en la calle Ramón y Cajal, por lo que el PP recuerda que los trabajadores de las empresas y los recursos públicos se deben destinar en beneficio de los ciudadanos en general y no en el de un particular.

El 2 de noviembre los trabajadores de la empresa de recogida de residuos orgánicos y aseo urbano (SAV) estaban desempeñando su jornada laboral en tareas que no corresponden a lo establecido en el contrato que une Ayuntamiento y empresa.

Se desconoce quién ordenó estas labores, pero el principal responsable de que operarios de la empresa destinen su tiempo y recursos públicos a la limpieza de fachadas particulares es en última instancia el concejal del área, Jaime Ramis.

El procedimiento administrativo permite que sea el Ayuntamiento con sus recursos quien lleve a cabo tareas en bienes privados siempre y cuando se haya advertido al propietario, como verdadero responsable de mantener en orden su propiedad que, en caso de no realizar la tarea, ésta será realizada por la administración y después se le pasará la factura.

Este caso es distinto puesto que no existe tal requerimiento al propietario, que ha de hacerse con seis meses de antelación, por tanto, se desprende que el actual concejal ha ordenado sin ningún criterio justificado y de forma arbitraria el que una parte de un edificio privado se adecente con medios públicos.

Responsabilidad compartida con Ciudadanos, al ser el responsable de esta empresa un candidato de este partido, nombrado “a dedo” por el propio alcalde en virtud de un pacto de no agresión entre partidos. Información, además, corroborada por el propio portavoz del grupo municipal, Valentín Alcalá, en la radio comarcal en la que afirmaba que ‘el responsable a nivel municipal del aseo y limpieza urbana es Ciudadanos’.

En palabras de Jaime Lloret, ‘creemos que lo más acorde no es actuar directamente y saltarse el procedimiento administrativo establecido en la ley para estas situaciones. El Ayuntamiento tiene la obligación de requerir al propietario que adecente su propiedad y en caso de no cumplirse, hacerlo desde la propia Administración cargando los costes a éste. Hacer un uso de los operarios de la empresa del Ayuntamiento y de los recursos públicos sin ningún criterio y cuyo trabajo repercute en beneficio particular y no común de la sociedad es un acto intolerable que no puede consentir un responsable público. Ciudadanos y PSOE deberán explicar este hecho’.